Jaque a la legislatura. Pedro Sánchez tiene dos alternativas, una vez que Junts ha rechazado la ley de amnistía: o adelantar las elecciones generales o avenirse a una nueva negociación del texto en la comisión de Justicia, para lo que tiene un plazo de un mes. El adelanto no es posible en estos momentos, porque la ley exige que pase un año desde la convocatoria anterior, por lo que, como pronto, podría disolver las Cortes el 29 de mayo.

Pero en junio hay elecciones europeas, y dos comicios de este tipo deben estar separados, al menos, por dos meses, por lo que no hay hueco para unas generales hasta verano. La opinión ahora en el Gobierno es la de aguantar, aunque la presentación de los Presupuestos Generales del Estado ya se ha retrasado.La otra opción es volver a negociar con Junts otros cambios en el proyecto de ley de amnistía. Puigdemont quiere que se incluyan en la medida de gracia todos los delitos de terrorismo y los de traición, ya que un juez investiga las posibles relaciones de Rusia con el proceso independentista de 2017. Puigdemont quiere un blindaje total, una suerte de inviolabidad como la del Rey en la Constitución.

Es una exageración, sí, pero se parece mucho. El problema del PSOE y los independentistas es que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no van a aceptar un borrado de las investigaciones por terrorismo, por lo que el margen de cesión es muy pequeño, por no decir inexistente. Si el legislativo modifica el proyecto de ley en función de las actuaciones de los jueces, la sensación de autoamnistía será mayor y esto supondrá un nuevo problema con los tribunales europeos.

Si no hay acuerdo final sobre la ley en el plazo de un mes, la ley decaerá, y el Gobierno navegará de modo agónico por una legislatura que tendrá un final muy cercano.