Giro inesperado para algunos y pruebas exculpatorias que siempre han estado ahí para otros. Sea como fuere, la investigación por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha la noche del 9 de febrero ha dado un paso decisivo con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz que concluye que la embarcación que pilotaba Francisco Javier M. P., alias 'Kiko El Cabra', no fue la que embistió y acabó con la vida de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González. 

El magistrado que hasta ahora instruye la instrucción de la causa tendrá que decidir si deja en libertad a los seis investigados por estos hechos, tal y como han vuelto a solicitar sus defensas, o bien opta por mantenerlos privados de libertad como responsables de dos delitos de los que no alberga grandes dudas sobre su comisión: organización criminal, que abarca penas que oscilan entre los dos y los cinco años de cárcel; y contrabando, ya que que el simple hecho de viajar en una narcolancha (género prohibido desde 2018) ya comporta penas de entre tres y cinco años.

La fiscal Antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, tiene clara cuál es la posición del Ministerio Público en este caso: "Los detenidos deben permanecer en la cárcel por los delitos de contrabando y organización criminal". Tras el informe conjunto de la UCO y la Policía Judicial de Cádiz, subraya, "queda claro que los seis investigados no son responsables de los asesinatos de los agentes". Ahora bien, para Villagómez eso no es óbice para que la medida cautelar de prisión provisional quede sin efecto en tanto que se les imputan otros delitos graves que conllevan penas elevadas, lo que incrementaría el riesgo de fuga. En cualquier caso, advierte, "será el juez instructor quien decida sobre la puesta en libertad de los seis imputados".

La fiscal explica que las investigaciones penales son "muy complejas", más si cabe "en casos como el de Barbate". "Toda investigación penal es un proceso dinámico, en el curso del cual van concretándose indicios, apareciendo otros o, como ha ocurrido ahora, descartándose algunos. Se trata de algo absolutamente normal, porque la Justicia requiere su tiempo y no es instantánea".

"En un principio, había indicios para detener y encarcelar a estas personas. Las defensas, en su legítimo ejercicio, han aportado vídeos al procedimiento que, tras un exhaustivo análisis técnico por parte de expertos ingenieros de Criminalística, han permitido constatar que los investigados no viajaban a bordo de la narcolancha que arrolló a la zódiac del Instituto Armado; y esto se ha podido esclarecer en tan sólo en tres meses de instrucción, pues ha sido un asunto preferente para la Guardia Civil", recalca Villagómez.

Asimismo, la responsable Antidroga en Andalucía ha puesto en valor el riguroso trabajo de la Benemérita. Frente a quienes cuestionaron que la Guardia Civil no debía hacerse cargo de las pesquisas de este caso, Ana Villagómez ha resaltado que la Policía Judicial y los miembros de la UCO "no han buscado culpables a toda costa, la Guardia Civil ha actuado de manera imparcial y profesional pues lo único que persiguen es la verdad".

A modo de conclusión, la fiscal recuerda: "La instrucción no ha acabado. Seguiremos avanzando".