Sevilla

Nueve sevillanos recibieron la eutanasia en los dos primeros años de aplicación de la ley

Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente en una concentración.

Miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente en una concentración. / EFE

Un total de nueve personas han recibido en Sevilla la eutanasia desde entrada en vigor de la ley el 25 de junio de 2021. La primera vez que se aplicó en la comunidad autónoma fue en Granada, el 13 de enero del año siguiente, en 2022, a una mujer francesa que llevaba una década con un párkinson severo. En Sevilla, la primera petición se hizo en marzo de ese año por parte de una persona que padecía una enfermedad incurable, y que le causaba serios padecimientos que empeoraban progresivamente. La última en recibirla se materializó el pasado viernes en un vecino de Castilblanco de los Arroyos de de 52 años que se encargó él mismo de hacer pública su decisión a través de las redes sociales por sentirse "prisionero" de su propio cuerpo. "Yo he tomado la decisión de morir dignamente, irme de este mundo con una sonrisa en mi alma y una vida plena", escribía en su perfil personal en una conocida red social.

Según las cifras totales acumuladas facilitadas por la Junta de Andalucía, Sevilla es la segunda provincia andaluza en la que más personas han recibido esta ayuda para morir,  sólo precedida por Málaga, que acumula 16 casos. En el resto, fueron cinco en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, seis en Granada, cuatro en Huelva y dos en Jaén.

Respecto a las solicitudes tramitadas, y atendiendo a datos del año pasado, también Málaga fue la provincia con más expedientes seguida, en este caso, por Cádiz y, en tercer lugar Sevilla. Así, el año pasado, en Málaga se presentaron 13 peticiones, en Cádiz ocho, en Sevilla siete, en Almería cuatro, cuatro en Córdoba, dos en Granada, una en Huelva y otra en Jaén. 

En Andalucía

A nivel autonómico, desde la entrada en vigor de la ley, 137 personas han solicitado la prestación de ayuda necesaria para morir y 1.341 facultativos se han acogido a la posibilidad de la objeción de conciencia que contemplada en la ley. Tampoco se han precisado la cifra de médicos que han objetado en Málaga. De los 137 solicitantes de este derecho en Andalucía desde que se aplica la norma, 56 corresponden a 2023. De ese medio centenar, 16 no fueron tramitadas (por desistimiento, fallecimiento o informe desfavorable) y 40 sí. A su vez, de estos, a nivel autonómico, el año pasado 24 tuvieron informe favorable y se realizó la eutanasia. Es decir, en la mitad de las peticiones. En el resto no por aplazamiento, fallecimiento o informe desfavorable.

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a solicitar la ayuda médica para morir son los procesos neurodegenerativos (19 expedientes), procesos oncológicos (siete expedientes) y procesos pluripatológicos/crónicos complejos (diez expedientes). De forma mayoritaria, en concreto en el 82,5% de los casos, las solicitudes se inician en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar.

Por tramos de edad, sólo se ha tramitado un expediente para una persona con menos de 30 años (en 2022), siete de personas entre 30 y 39 años (tres en 2022 y cuatro en 2023); nueve de personas entre 40 y 49 años (cinco en 2022 y cuatro en 2023); 21 de personas entre 50 y 59 años (12 en 2022 y nueve en 2023); 16 de personas entre 60 y 69 años (seis en 2022 y diez en 2023); 28 de personas entre 70 y 79 años (18 en 2022 y diez en 2023) y diez de mayores de 80 años (siete en 2022 y tres en 2023).

Con todo, tres de las personas que recibieron la prestación donaron sus órganos, con los que se pudieron salvar 12 vidas gracias a la extracción de seis riñones, tres hígados, dos pulmones y un páncreas.

En total, diez personas que habían recibido una resolución desfavorable reclamaron ante la Comisión esta decisión. De estas reclamaciones, solo una resultó favorablemente, ocho desfavorablemente y una quedó pendiente de pronunciamiento a expensas de una nueva certificación del médico responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para la realización de la prestación.

Por su parte, desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2023, 1.340 profesionales sanitarios se han acogido a la objeción de conciencia

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